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El Estado tiene la obligacion de hacer realidad los derechos sociales (a la vivienda, a la educacion, a la salud, a la alimentacion, a la proteccion social) que consagra la Constitucion. Esta premisa fundamental -que no parece admitir desacuerdo- tropieza de inmediato con una constatacion: los recursos para cumplirla siempre son escasos, es decir, el Estado no puede materialmente responder a todas las necesidades sociales. Que es razonable exigirle? Y, mas en concreto, que acciones puede realizar el Poder Judicial (y cuales no) para hacer efectivos esos derechos? Alrededor de esas preguntas que estan en el centro de nutridos debates en el campo del derecho constitucional gira este libro, que propone distintos escenarios en que la disyuntiva puede darse. Con despliegue conceptual y tambien analisis de casos especificos, estas paginas argumentan que la decision de no financiar la cobertura de una necesidad puede resultar inconstitucional si afecta principios como la dignidad y la igualdad de oportunidades. Los planteos no son comodos: pueden colocar al Poder Judicial ante la necesidad de enfrentar al Ejecutivo y al Legislativo, censurarlos por no haber honrado un compromiso constitucional y hasta cuestionar sus decisiones presupuestarias. Pero, al enmarcar esas intervenciones juridicas en coordenadas precisas, este libro se vuelve un instrumento para reasegurar el Estado de derecho. Como escribe el autor, "e;alli donde la Constitucion es mas exigente, tambien deben serlo los jueces"e;.
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